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Burbuja de los alquileres en España, una violación de derechos


Acceder a una vivienda digna a precio razonable en España resulta poco probable como demuestra un informe del Banco de España sobre el disparatado aumento del 50% en los precios de alquiler de viviendas en los últimos años, sobre todo en Madrid, Cataluña y las islas españolas.


Análisis de Xavier Caño Tamayo.


Los más perjudicados por los exorbitados precios de alquiler son los jóvenes, que suelen tener empleos precarios y mal pagados, los trabajadores con empleos temporales y los inmigrantes, ambos con bajos salarios. Las personas en España dedican casi la mitad de los ingresos a pagar el alquiler. La ciudadanía española paga hoy en conjunto por vivir de alquiler más de 17.000 millones de euros anuales.

La subida de alquileres se disparó sobre todo al irrumpir en el mercado inmobiliario los llamados fondos buitre, que compran de forma masiva viviendas, incluso con inquilinos, para alquilarlas a nuevos arrendatarios de mayor poder adquisitivo o dedicarlas a estancias cortas de turistas que aportan más beneficios que el alquiler habitual de residentes.


Los fondos buitre gentrifican barrios enteros cuando suben de modo escandaloso el alquiler de viviendas para expulsar a los vecinos de siempre, que no pueden pagarlo, y alquilarlas a  arrendatarios de mayores ingresos que sí pueden hacerlo.


Un proceso perverso que se comprueba en el barrio de Lavapiés de Madrid, por ejemplo.

Los alquileres abusivos son norma hoy, pero han empezado a remover las aguas y a despertar una respuesta ciudadana. En Madrid, unos centenares de inquilinos de Fidere, inmobiliaria propiedad del fondo estadounidense de inversión Blackstone, se han plantado ante las subidas del precio del alquiler que les impone la empresa para renovar los contratos que ahora vencen. Blackstone, que ha comprado más de 30.000 viviendas en los últimos tiempos, es el mayor casero de España y aprovecha la ausencia de regulación del los alquileres para subirlos de modo exagerado. Algunos inquilinos llevan meses con el contrato vencido, pero no abandonan las viviendas ni aceptan los enormes aumentos de hasta el doble del precio que pagaban.



Derecho a una vivienda digna

El aumento de alquileres es desigual en España, pues hay capitales de provincia donde subieron de media el 40%, mientras en otras poblaciones solo aumentaron un 10%. Las mayores subidas del alquiler han sido en grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Pamplona, Valencia y San Sebastián o de atractivo turístico, como Málaga, Alicante, las Palmas de gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla.

Muestra de la locura de alquileres es la muy turística ciudad de Palma de Mallorca, donde las autoridades contratan en verano a médicos y enfermeras para reforzar la sanidad pública de la isla ante el considerable aumento estival de población. Pero cada vez cuesta más contratar a este personal por el precio imposible de los alquileres. Un hospital incluso habilitó espacios para que el personal de verano pueda dormir y asearse porque alquilar está fuera de su alcance.


La Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística atribuye la explosión de alquileres abusivos a la mayor demanda de alquiler, la subida del precio de las viviendas y el aumento de apartamentos turísticos. También que las empresas financieras y los fondos prefieren invertir en viviendas y apartamentos, vistos los bajos tipos de interés de los productos financieros de los últimos tiempos que, además, son inestables.

Pero de todos los factores del desorbitado aumento de los alquileres, el principal tal vez sea que no hay gobierno de izquierdas, derechas o centro, como se dice ahora, que se atreva a regular el mercado inmobiliario. Aunque esa dejación sea una clara vulneración del artículo 47 de la Constitución española que establece que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.


Alquileres y personas sin hogar

No hay en este país una regulación de alquileres que merezca tal nombre. Sí la hay en grandes ciudades como Berlín o Nueva York. Berlín ha aprobado una ley que congela durante cinco años los alquileres que se habían disparado en los últimos tiempos. Y en Nueva York, un millón de viviendas ya tienen precios regulados. Algo que no sucede en España donde, además, a diferencia de otros países europeos, la oferta de viviendas públicas de alquiler es muy reducida, en realidad, inexistente.


Una alarmante secuela de la desregulada jungla de viviendas de alquiler es en los últimos años el aumento de personas sin hogar en España. Acrecentado por un persistente desempleo y el aumento de la precariedad laboral, miles de personas son arrojadas a la calle, forzadas a pernoctar sin techo que los cobije. Unas personas sin techo que ya no sólo son alcohólicos, drogadictos y ludópatas desarraigados. Aún los hay, pero cada vez son más las personas sin hogar por falta de ingresos o muy insuficientes o pérdida del empleo, lo que las hace muy vulnerables en el codicioso y desregulado mercado de viviendas de alquiler.


Desde 2006, varias universidades madrileñas, el Ayuntamiento de Madrid y la Cruz Roja, hacen recuentos nocturnos de las personas que viven en la calle. En diciembre de 2018 había 3.000 personas sin hogar en la ciudad de Madrid y solo en el distrito Centro 650 dormían en la calle. Antes, en 2010, ya en plena crisis, había 1.790 ciudadanos sin hogar y unas 600 personas pasaban la noche en la calle. Actualmente en España hay más de 30.000 personas sin hogar de las que muchas pasan la noche al raso, cubiertos de cartones o en cabinas de cajeros automáticos. Más las que acuden a los albergues municipales o de organizaciones religiosas.

Movimientos sociales y organizaciones ciudadanas reclaman medidas para frenar la escalada de alquileres de vivienda y exigen su rigurosa regulación, al tiempo que demandan crear un amplio parque de viviendas públicas de alquiler, controlar las viviendas vacías y regular el alquiler de apartamentos turísticos.

Medidas factibles, por supuesto. Lo complicado es que para tomarlas se precisa una férrea voluntad política que no hay.


Compartido por nuestros amigos de @EspacioMex

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